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| Foto: Javier Arroyo |
"Me encantaría que Fulanito me hiciese las fotos de la boda, pero es que en la iglesia me imponen a Zutanito y en el restaurante me cobran 400 euros más si no contrato a Menganito". Así funciona la mafia de los fotógrafos y videógrafos de boda.
En un supuesto mercado libre, los hay que para proteger su chiringuito se venden al párroco (tiene narices) o al restaurante de turno ofreciendo un tanto por ciento de cada boda que realicen en tal iglesia o en cual local, con la condición de que ningún otro fotógrafo ponga sus objetivos en estos lugares. Negocio redondo para todos: el que hace el reportaje se asegura un buen número de bodas y los que ofician el rito o ponen la comida alimentan su cuenta corriente con unos cuantos ceros solo por pasar por allí y poner el cazo.
Que estas son prácticas mafiosas y piratas lo tenemos todos más o menos claro. El problema llega cuando la pareja ya ha dado la señal de la iglesia o del restaurante y la amenazan con no casarles o no celebrar la boda (cosa que no pasa de ser una bravuconada sin otra intención más que asustar). Pero para los que se atreven a poner la ley negro sobre blanco y defender sus derechos, ahí van unos cuantos argumentos.
Según reconoce el artículo 18 de la Constitución Española, los derechos de imagen son propiedad de cada individuo, de manera que es cada persona quien decide la persona que quiere que le fotografíe o grabe en vídeo. Por otro lado, la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios (art. 89.4) considera cláusula abusiva “la imposición al consumidor y usuario de bienes y servicios complementarios o accesorios no solicitados”, es decir, la imposición, por ejemplo, de un fotógrafo (servicio complementario) en un restaurante (donde se solicita la comida, no la fotografía).
